EL CONFLICTO DE 1891

José Manuel Balmaceda fue elegido presidente en 1886, con el apoyo de liberales, nacionales y radicales. Balmaceda que representaba la continuidad y la oposición tenía pocas posibilidades, ya que entonces la intervención electoral era muy frecuente, tanto para la presidencia como para el congreso. Por ello Balmaceda contaba con el apoyo del Senado y gran parte de la cámara de diputados.
Para entonces el presidente tenía un sinnúmero de derechos constitucionales, producto de la constitución de 1833 fomentada por Diego Portales. Pero los liberales habían ido modificando esta constitución y de esa forma habían comenzado a reducir las facultades del poder ejecutivo, donde el mismo Balmaceda había realizado contribuciones, así se promulgaron leyes como la supresión de la reelección presidencial, y la imposibilidad de la designación de empleados públicos y por parte del presidente.
De esta forma Balmaceda se vio limitado, pero continuó con la tradición del intervencionismo electoral. Así aunque en principio estuvo en contra, en 1886 resultó electo gracias a ella, además en el Senado contaba con el apoyo de 23 senadores contra 6 y 94 diputados contra 29 opositores.
Balmaceda había sido siempre partidario de la reducción de las atribuciones del ejecutivo, de manera que liberales, radicales y nacionales, veían en él, el puente para conseguir mayor participación de las decisiones políticas del país. Sin embargo, las relaciones con los partidos que lo habían apoyado se comenzaron a deteriorar desde el nombramiento del primer gabinete, puesto que en la política de ampliar la participación y mantener una representatividad de todos los partidos, le otorgó menos participación a estos partidos. De ahí en adelante, comenzó la sucesión de gabinetes que dejaban ver la forma de proceder conciliadora del presidente. No obstante, esto no era suficiente para los partidos, puesto que sus intereses demandaban mayor importancia política.
Esta situación se agudizó cuando fue acusado de preparar la candidatura a la presidencia de su ministro de Industria y Obras Públicas Enrique Salvador Sanfuentes, con ello perdió el apoyo de la cámara de diputados.
Se debe otorgar importancia también, al hecho de que la política del Balmaceda significó una amenaza para los intereses que desde hace mucho tiempo dominaban la sociedad chilena. Las intenciones de una mayor independencia económica, el hecho de que sus constantes obras de infraestructura provocaran un aumento de la migración hacia las ciudades, su idea de modernizar al país, entre otras, provocaron reticencia de parte de terratenientes, de los empresarios salitreros, etc. Que contaban con representación parlamentaria.

La obtención de las grandes regiones productoras de salitre, Tarapacá y Antofagasta en la guerra del Pacífico, significaron para Chile la entrada de cuantiosos recursos a las arcas fiscales, básicamente por concepto de impuestos de exportación cobrados a las sociedades salitreras de capitales chilenos y extranjeros, entre ellos norteamericanos, alemanes y mayoritariamente ingleses, los cuales en las cercanías de 1890 concentraban aproximadamente el 70% de las exportaciones del nitrato, los que además fueron agentes fundamentales en la construcción de los ferrocarriles del extremo norte de nuestro país. Destaca la figura de John Thomas North, que fue conocido como el “Rey del salitre”, debido a la gran fortuna que logró acumular producto de esta actividad. La exportación se realizaba prácticamente en su totalidad por casas comerciales localizadas en Valparaíso, las que también en su mayoría eran controladas por sociedades extranjeras.
La elección de José Manuel Balmaceda en un principio no significó un gran cambio ni tampoco una amenaza para la élite y para los capitales extranjeros, ya que su programa no planteaba grandes reformas y se garantizaba al menos la continuación del modelo económico exportador de materias primas, por lo que su candidatura contó con el apoyo de los grupos dirigentes. Sin embargo, con el avance del mandato de Balmaceda, este fue desplegando nuevas políticas que apuntaban al salitre como motor de la economía nacional pero no en los términos que hasta ahora se venían manejando, sino que más bien en los de una participación más activa del Estado y de los capitales chilenos. La idea básicamente consistía en traspasar los yacimientos y las oficinas salitreras de las manos de los capitales extranjeros a manos de chilenos con el fin de frenar la fuga de capitales que hasta ese momento se producía. Esta política fue acompañada de una industrialización que solo iba en función de la extracción de materias primas. Esto chocaría directamente con los intereses de los inversionistas extranjeros y por consiguiente de las élites locales con las que se encontraban en alianza.
De esta forma, el gobierno de Balmaceda se volvió cada vez más difícil, fue perdiendo el apoyo de los partidos que lo habían llevado al poder que sumado a la oposición de los conservadores le sumieron en un panorama cada vez más desolador. Esta situación provocó que Balmaceda tomara decisiones que lo llevarían a merecer calificaciones de dictador y finalmente a su fracaso.

De acuerdo a la constitución de 1833, el presidente debía convocar al congreso para promulgar la ley de impuestos del año siguiente, recibir autorización para el desembolso de fondos públicos y para mantener las fuerzas militares y navales. Balmaceda, en cambio, publicó el manifiesto del 1 de enero de 1891 que declaraba que las leyes del año anterior estarían vigentes durante ese nuevo año. Luego declaró tener todo el poder público necesario para administrar el Estado y mantener el orden público, lo que motivó una enérgica reacción del congreso: declaró su destitución y organizó la insurrección de la flota nacional bajo el mando de Jorge Montt, capitán retirado de la marina. En la lucha armada Balmaceda contaría con el apoyo del ejército.
Desde el principio la oposición ocupó las regiones del norte del país y privo al ejecutivo de parte de los ingresos nacionales. Además el ejército de Balmaceda era más numeroso por lo que resultaba más caro, estaba formada por civiles sin instrucción y estaban al mando de un antiguo oficial de ejército que desconocía las más recientes estrategias de guerra. En cambio las tropas de la armada las habían aprendido en las academias británicas. Las batallas de Concón y Placilla, el 21 y 28 de agosto de 1891, decidieron el conflicto a favor del Congreso. Ante la derrota, el presidente Balmaceda traspasó el poder al General Baquedano y se asiló en la embajada argentina, lugar en el que suicidó el 19 de septiembre, un día después de terminado su periodo constitucional como presidente.